En democracia, España juzga al ex presidente de Catalunya por realizar una consulta ciudadana

El avance del proceso independentista catalán podría cobrarse sus primeras víctimas. Tres ex altos cargos del gobierno de la Generalitat han sido llevados a juicio por permitir que su pueblo se pronuncie en las urnas (Foto: Òmnium Cultural)

(Este artículo también ha sido publicado en https://teleoleo.lamula.pe/2017/02/08/en-democracia-espana-juzga-al-ex-presidente-de-catalunya-por-realizar-una-consulta-ciudadana/leoperezdurand/)

Hacía frío, menos de 9 grados, aún no eran las 8 de la mañana y 170 autobuses llegaban al centro de Barcelona, explicablemente los accesos a la ciudad estaban colapsados. Cuarenta mil personas, procedentes de las 4 provincias catalanas, se apostaban en los alrededores del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, era el día en que se iniciaba el juicio a Artur Mas, el ex presidente de la Generalitat que osó dar voz a su pueblo. Y su pueblo acudía a apoyarle.

Era lunes, día laborable y 40 mil personas -según la guardia urbana de Barcelona- habían dejado a un lado sus obligaciones por una mayor, la de mostrarle al resto de España que en Catalunya, como en Fuente Ovejuna, “todos a una”. Y es que a Mas se le acusa de “desobediencia grave y prevaricación” por haber permitido que se lleve a cabo la consulta del 9 de noviembre de 2014 (9N). A través de la misma se pretendía saber si los catalanes querían un referéndum para preguntar por la voluntad de independizarse de España.

Desde hace algunos años, cada 11 de setiembre -el día de su fiesta nacional- Catalunya, sale a las calles a manifestarse pacíficamente demandando la independencia de su territorio y luego de una serie de acciones sociales, pedagógicas y políticas, llevadas a cabo durante todo este tiempo; los catalanes sienten que ha llegado el momento de saber a ciencia cierta cuántos de sus ciudadanos quieren la independencia. Sin embargo, esto es imposible. El gobierno central amparándose en la Constitución le niega a Catalunya el derecho a realizar un referéndum en condiciones.

Ser catalán e ‘indepe’ es considerado casi un delito de traición a la patria por el grueso de españoles. Dicen que Catalunya es insolidaria, porque pide un “concierto económico” a la Vasca, o sea uno que le permita administrar sus propios recursos, también la tildan de fascista y pueblerina por querer vivir en catalán y exigir respeto a sus rasgos culturales. Y hay quienes piensan que sus gobernantes son delincuentes y que están mejor en el banquillo de los acusados que haciendo política.

MIENTRAS YO SEA PRESIDENTE DEL GOBIERNO NADIE VA A ROMPER LA UNIDAD DE ESPAÑA” (MARIANO RAJOY DIXIT, 8 DE NOVIEMBRE DE 2014)

Por frases como estas, o como aquella que se hizo famosa durante la dictadura de Franco, “España, una grande y libre” -actual grito de guerra de los grupos de la extrema derecha española- desde la España profunda, las cosas se ven con menos beneplácito. “Presión, numerito, espectáculo”, estos son algunos de los adjetivos que desde el gobierno central y desde los partidos tradicionales como el PP y el PSOE, se dedicaron al multitudinario apoyo ofrecido al ex presidente de la Generalitat.

Pero Mas no es el único sentado en el banquillo de los acusados, la ex vicepresidenta, Joana Ortega y la ex consejera de Educación, Irene Rigau, también están siendo juzgadas por “desobediencia y prevaricación”. A Ortega se la juzga por ser el brazo derecho del ex presidente y a Rigau porque permitió que los colegios abriesen sus puertas para que los catalanes fuesen a votar, a pesar de que el Tribunal Constitucional español (TC) había impedido la realización del proceso propuesto por el gobierno catalán.

Sin embargo, si la consulta se llevó a cabo fue porque debido a todas las prohibiciones políticas y judiciales, el gobierno de la Generalitat entregó la consulta al pueblo. El 9N fue posible debido al trabajo de 42 mil voluntarios civiles que tomaron la posta y continuaron con el trabajo de realizar la cita, que ya sólo quedaría en un evento informativo, pues las argucias legales le habían hecho perder su carácter vinculante.

LA INICIATIVA POLÍTICA FUE MÍA Y DE MI GOBIERNO. LAS DIRECTRICES VENÍAN DE MÍ”. (ARTUR MAS DIXIT, 6 DE FEBRERO DE 2017)

En esta cita ante la justicia, Mas, cual caudillo que pretende pasar a la historia como el presidente que escuchó a una parte significativa de su pueblo y luchó a su lado por la independencia, asumió toda la responsabilidad de la consulta. Él sabe, entre otras cosas, que cuanto más defienda el proceso, mejor quedará a ojos de los que pronto podrían tener que escoger un nuevo presidente catalán.

Si todo va según lo planeado por la hoja de ruta independentista, antes de que acabe este año, pese a quien le pese y desobedeciendo el ordenamiento español, se realizaría el verdadero referéndum y el mandato del actual presidente de la Generalitat terminaría con una nueva convocatoria electoral en la que Mas ha declarado que podría participar así fuese condenado por la justicia española.

Si Artur Mas es hallado culpable del proceso realizado el 9N, ya ha manifestado que recurriría la sentencia ante los tribunales europeos. La condena que enfrenta el ex presidente es de 10 años de inhabilitación para cualquier cargo público. Para sus “colaboradoras necesarias” la justicia pide 9 años. Además, tampoco podrían ser elegidos, ni siquiera, para ocupar la presidencia, secretaría o vocalía de cualquier humilde junta de vecinos.

LO DE MAÑANA NO ES UN REFERÉNDUM , NI ES UN CONSULTA, NI PRODUCE EFECTO ALGUNO” (MARIANO RAJOY DIXIT, 8 DE NOVIEMBRE DE 2014)

Sin embargo, el resultado del 9N si produjo “efecto alguno”, le tomó el pulso al independentismo y este se mostró acompasado y robusto, pues algo más de 2 millones de catalanes -a pesar del miedo que intentó difundir el gobierno español- acudieron libres e ilusionados a votar; y el 80% de ellos voto SÍ al referéndum. Fue entonces cuando alguien en La Moncloa o quizá el mismísimo Rajoy cayeron en la cuenta de que el independentismo no es el sueño de cuatro trasnochados; había entonces que combatirlo con toda la artillería.

Y la máquina político judicial comenzó a andar más afinada y potente que nunca, se anunció el juicio a Artur Mas y se dejó claro que todo aquel que contraviniera los designios constitucionales sería enjuiciado. No tardo en caer la presidenta del Parlamento catalán a la que también enjuician por “desobediencia y prevaricación”, en su caso, por permitir una votación que según el gobierno central tenía como finalidad “abrir un proceso constituyente, concretando un plan preciso para la secesión de Catalunya”.

Pero la maquinaria no sólo se desplegó en el ámbito político y judicial, también se traslado al plano de la intriga pues en junio de 2016 se descubrieron unas conversaciones entre el entonces ministro del interior español, Jorge Fernández Díaz, y el director de la Oficina Antifraude en Catalunya, Daniel de Alfonso. En las conversaciones grabadas por el propio de Alfonso, al más puro estilo de Vladimiro Montesinos, se escucha a Fernández pedirle a de Alfonso, cualquier cosa que pudiese incriminar en un caso de corrupción a algún integrante del gobierno catalán.

OTRO SÍ DIGO

Consultado Pablo Iglesias, líder de Podemos, sobre el juicio a Mas dijo: “no nos nos parece bien que se juzgue a nadie por poner las urnas. Habla mal de la democracia española que ocurra esto, al tiempo que ha habido niveles de impunidad escandalosa con la corrupción”. Y en esa corrupción bailaría hasta el propio Rajoy. “Se fuerte Luis” le escribía Rajoy a Luis Bárcenas, ex tesorero de su partido, cuando este último fue detenido por posibles irregularidades en la financiación del PP. “He sido fuerte Mariano” le contestaba Bárcenas a Rajoy, a su salida de la prisión.

España, es el país donde la Justicia NO juzga a su presidente, cuando el ex tesorero su partido (PP) -responsable de la contabilidad ‘opaca’ del mismo- confesó que también le había entregado a Mariano Rajoy uno de los famosos sobres con ‘sobresueldos’ que habrían cobrado los altos cargos del partido. Sin embargo, se permite enjuiciar a un ex presidente de una Comunidad Autónoma, por permitir que sus ciudadanos vayan a votar.

El juicio recién comienza y si el gobierno de Mariano Rajoy sigue empecinado en judicializar la política, la carrera hacia la independencia de Catalunya no parará, así lo afirman las organizaciones civiles catalanas y los políticos que apoyan el proceso. Hace sólo unas semanas el actual presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, se reafirmo en la voluntad de realizar el referéndum por la independencia antes de acabar el 2017. Y el pueblo afín a la causa así lo exige.