Los desaparecidos del Perú esperan justicia

El 8 de julio de 1993, diez cuerpos fueron encontrados en 4 fosas comunes, en un descampado de la ciudad de Cieneguilla, en Lima, Perú. Diez cuerpos que sin nombre y apellido habían permanecido ocultos  y enterrados durante un año. Un año antes, nueve estudiantes y un profesor de la Universidad Gúzman y Valle, “La Cantuta”, habían desaparecido de los pasillos y de la residencia de esa casa de estudios.

Una llave encontrada en uno de los cuerpos y vestigios de ropa fueron los que revelaron la identidad de la víctimas. El culpable de la masacre fue el grupo Colina, un comando del Servicio de Inteligencia Nacional del Perú, que bajo el mando de Vladimiro Montesinos, el nefasto asesor durante los gobiernos de Alberto Fujimori, se encargaba de ajusticiar a todo aquel que ponían bajo la mira.

Dos días antes de la desaparición de los estudiantes explotó una bomba en la calle Tarata, del céntrico distrito de Miraflores, el terrorismo había llegado a Lima dejando 25 muertos y alrededor de 200 heridos. Las informaciones de la inteligencia del Ejército señalaron a “La Cantuta”, como el lugar desde el cual se había planeado el atentado y a los desaparecidos como responsables del hecho y a por ellos fueron.

Un año después de encontradas las fosas, los agentes culpables de la matanza fueron procesados y condenados, sin embargo fueron amnistiados, pues según una ley dada por Fujimori, los estudiantes y el profesor habían ‘caído’ en el marco de la lucha antiterrorista. Esta ley no sirvió para el mismo ex presidente, pues actualmente cumple pena de 25 años de prisión por delitos de lesa humanidad.

Veinticuatro años después las familias de Bertilia Lozano Torres , Dora Oyague Fierro, Luis Enrique Ortíz Perea , Armando Richard Amaro Cóndor , Robert Édgar Teodoro Espinoza , Heráclides Pablo Meza , Felipe Flores Chipana, Marcelino Rosales y Juan Gabriel Mariños Figueroa y Hugo Muñoz Sánchez, aún no descansan.

El 26 de mayo del 2016 el Congreso peruano aprobó la Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas que pretende establecer políticas para la búsqueda de unos 16.000 desaparecidos durante el conflicto interno desatado por el terrorismo en el país entre 1980 y 2000. Más de dos semanas han pasado y el Presidente Ollanta Humala aún no promulga la ley.

Los familiares de las víctimas se sienten decepcionados por la demora, hace más de 30 años que esperan una respuesta del Estado y ahora que ha llegado a través del Parlamento, el Ejecutivo no puede ni debe retrasar su firma. Los familiares de las víctimas no quieren más silencio, por eso ahora difunden un vídeo demandando que la promulgación de la ley no se dilate más.

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